Hace tres días, la extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, fue absuelta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, del que fue acusada hace más de tres años. El juez consideró que, en el caso de Robles, enfrentar un proceso administrativo era más garantista de sus derechos que uno penal. Robles era la única funcionaria de alto nivel que estaba siendo investigada penalmente por la Estafa Maestra. Éste es uno de los escándalos de corrupción más importantes del sexenio pasado, que permitió el desvío de más de 7 mil millones de pesos de distintas dependencias públicas federales mediante la simulación de contratos, donde participaron universidades públicas, medios de comunicación estatales y empresas fantasmas. Los recursos desviados presuntamente acabaron financiando campañas electorales.

De acuerdo con una investigación de Animal Político y México Evalúa, además de Robles, para diciembre de 2022, había otras 11 investigaciones abiertas o procesos penales contra exfuncionarios públicos por este multimillonario esquema de corrupción. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los delitos perseguidos eran menores y las investigaciones habían ido contra funcionarios de nivel operativo y no contra los titulares de las dependencias que participaron y conocieron de este esquema –excepto en el caso de Robles. Otro aspecto preocupante es que la Estafa Maestra nunca se investigó como un esquema de corrupción que permeó al Gobierno, sino como hechos aislados, lo que no ha permitido –hasta la fecha– tomar acciones para evitar que algo igual vuelva a suceder. Además, no se ha logrado conocer qué sucedió con el dinero, recuperarlo y menos reparar las afectaciones que ocasionó el desvío. Por ejemplo, baste recordar que algunos de los recursos desviados pertenecían a programas sociales destinados a combatir la pobreza y la desigualdad que aquejaban a las familias más vulnerables, como la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Cabe resaltar que la Estafa Maestra no es el único caso que permanece impune. Aún con la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dentro de la Fiscalía General de la República y la promesa del Presidente de que se investigarían y sancionarían los casos de corrupción, a casi cinco años, exfuncionarios y exfuncionarias implicadas en esquemas multimillonarios de corrupción como Odebrecht u Operación Safiro siguen sin ser investigados y/o recibir una sentencia. En otros casos, como el de Javier Duarte, si bien él sí recibió una sentencia menor, siguen sin progresar muchas otras carpetas por corrupción e incluso desaparición forzada que se iniciaron contra él. Además de que su caso tampoco se investigó como un esquema de corrupción.

Lamentablemente, la impunidad prevalece también para escándalos de corrupción de este Gobierno, por ejemplo, el caso Segalmex. De esta entidad pública se desviaron en este sexenio más de 9 mil millones pesos. Aunque la FGR se encuentra investigando 38 denuncias, éstas no han progresado sustancialmente y –de nueva cuenta– no indagan al titular que permitió los desvíos, quien sigue ocupando otros puestos públicos.

La impunidad que prevalece se refleja en cifras. De acuerdo con el Informe de resultados de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, entre 2019 y el 10 de marzo de 2021 se tenían 1,688 carpetas de investigación. De éstas, sólo se habían judicializado 1.3 por ciento, es decir, en menos de 2% de los casos los y las presuntas culpables se habían presentado ante un juez o jueza para recibir una sentencia. Combatir decididamente la corrupción implica que haya una verdadera voluntad política para romper el pacto de impunidad, así como transformaciones sustanciales en el sistema de procuración de justicia, para que haya una fiscalía profesionalizada con recursos materiales y humanos suficientes, que logre investigar los casos como esquemas complejos donde hay múltiples personas implicadas y que causan afectaciones a la sociedad. La impunidad genera la repetición de estos hechos. Mientras eso no pase, seguiremos siendo el país donde no pasa nada.

* Janet es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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